Desde los gobiernos, hasta la Iglesia, pasando por doctores y hasta periodistas hablan con “propiedad” de este tema (aunque casi todos son hombres) y lo catalogan como “inmoral”, “innecesario”, “atentado a la vida”, “científicamente perjudicial”, entre tantas otras formas. Lo cierto es que hay poca investigación al respecto y la que está hecha es, en su gran mayoría, muy parcializada hacia los dogmas y lineamientos de la Iglesia.

Anna Arroba, directora de la Asociación Mujeres en Salud, señaló que el aborto es un problema de salud pública en el mundo y “son las mujeres quienes se enfrentan a ese sufrimiento, ellas no quieren hacerlo; tal vez algunas lo han usado como método anticonceptivo, pero quienes recurren a esto viven en países donde no hay otras opciones, porque no se ha invertido lo suficiente en otras alternativas”.

El pasado 28 de setiembre tuvo lugar la Jornada por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Desde 1990, en el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, se realizan acciones este día a favor de la libre elección de las mujeres. Esta lucha forma parte integral del reconocimiento de los derechos humanos en la salud sexual y reproductiva a nivel mundial. Aunque en Costa Rica no se desarrollaron acciones dentro de esta jornada, uno de los planteamientos fundamentales es la necesidad de investigar acerca del tema porque es central analizar la realidad de esta problemática en nuestro país. Las mujeres se realizan abortos en condiciones que amenazan sus vidas y esto es un problema de salud pública.

A cinco años la evaluación de la conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer en Beijing a pesar de que se han puesto en marcha algunos programas oficiales que apuntan a temas referidos a la salud sexual y reproductiva quedó pendiente el tema del aborto. Sin embargo, uno de los compromisos del actual gobierno fue investigar el tema. Además, se consignó, como parte de los compromisos de los gobiernos, que se estudie y revise la legislación que penaliza el aborto clandestino para conocer cuál es su impacto, enfatizó María Suárez de Radio Internacional Feminista.

No hay derechos humanos, ni derechos sexuales y reproductivos si no se incluye el derecho de decidir sobre nuestro propio cuerpo. Poder ser madre cuando se desea realmente y cuando estamos material y emocionalmente preparadas, ejerciendo nuestra autodeterminación en este tema. ¿Qué hacer frente a un embarazo no deseado, un embarazo producto de la violación o un embarazo siendo aún muy joven?; para ello es necesario contar con un apoyo para que sea una decisión válida que valore a la mujer. Es un derecho humano decidir sobre nuestros cuerpos. 

Para las mujeres el hecho de poder decidir sobre sus cuerpos es una de las claves para el verdadero ejercicio de la ciudadanía y la participación plena en la sociedad. 

Si hacemos una revisión histórica encontraremos diferentes criterios y conceptos acerca de la interrupción voluntaria del embarazo, esto “demuestra que las sociedades no son en absoluto homogéneas ni inmutables. No todas las personas comparten los criterios éticos ni las posiciones filosóficas de quienes conciben la vida humana desde principios mecánicos y organicistas”. En este sentido “el movimiento feminista ha considerado absolutamente injustificable que se le exija a una mujer continuar con un embarazo no deseado simplemente porque nuestros cuerpos poseen la capacidad natural de concebir, ya ha levantado la lucha por el derecho de cada mujer a decidir según su propia conciencia” es el aporte de las pensadoras feministas Ana Carcedo y Montserrat Sagot.

“Producto de la condena moral y de la penalización de la interrupción voluntaria del embarazo, muchas mujeres desesperadas y sin recursos económicos tratan de provocarse ellas mismas el aborto, lo que implica graves riesgos para su salud y su misma vida. Otras recurren a lugares insalubres donde corren los mismos riesgos en manos de personas incapaces. Solo las que disponen de suficientes recursos económicos pueden acudir a alguna clínica, donde legal o ilegalmente pueden practicarles un aborto con cierta seguridad” Entonces la salud de las mujeres se convierte en un asunto de capacidad adquisitiva. Es una de las conclusiones que apuntan Ana Carcedo y Montserrat Sagot en su artículo publicado en Semanario Universidad, Un debate tergiversado.

Según una investigación llevada a cabo por la organización SI Mujer (Servicios Integrales para la mujer) si analizamos en cuanto a las legislaciones podemos concluir que en el 91% de los países del mundo el aborto está permitido para salvar la vida de las mujeres; en el 63% para preservar su salud física; en el 50% para preservar su salud mental. Sólo en  17 de los 191 países –cuatro de ellos de Latinoamérica-, el aborto no se acepta bajo ninguna circunstancia.

En Costa Rica el porcentaje de abortos clandestinos y sus complicaciones es muy alto, aún y cuando hay un subregistro por razones referidas a la penalización. Aproximadamente según números de la Caja y del Estado de la Nación 8.850 hospitalizaciones por abortos, y las autoridades de salud estiman que un buen porcentaje de ellos fueron provocados.

Para Ana María Pizarro de SI Mujer “La legislación que atañe a los derechos de las mujeres es insuficiente o inexistente. Refleja el sistema de relaciones de poder, por estar basada en una concepción patriarcal y androcéntrica, que es la que ha privado entre nuestros legisladores y legisladoras. Esta agrava las desventajas que enfrentan las mujeres, tanto en el ámbito social, laboral y económico, como en las relaciones específicas entre hombres y mujeres”

Existe una brecha entre las leyes prohibitivas y las reales circunstancias de su práctica. El aborto se continúa realizando en condiciones inseguras y riesgosas y esto denota la discriminación contra las mujeres que impiden su acceso a la toma de decisiones y a la educación sexual integral.

Es por esto que no podemos seguir negando la realidad, las mujeres tenemos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos en condiciones libres y saludables.