Recientemente asistimos a una nueva Cumbre de Cambio Climático fallida, esta vez en La Haya. Como en años anteriores, desde la firma del Protocolo de Kyoto, permanecen inmóviles diversas posturas por parte de los países negociadores, en cuanto al alcance de la reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero y a la aplicación de mecanismos para alcanzar los modestos objetivos pactados, que no ratificados por todos los negociadores, en diciembre de 1997. Concretamente, en Kyoto se acordó dar unos derechos de emisión de dióxido de carbono a los países ricos iguales a sus emisiones de 1990 menos una pequeña reducción de unicamente 5%.  Es decir, se ha seguido una política de “derechos adquiridos”. A pesar de esta generosidad, Estados Unidos no quiere ratificar el Protocolo de Kyoto. 

Los principales sumideros de carbono son globales (atmósfera y océanos). Deberían ser de todos los humanos por igual. En cambio, son de acceso libre, del primero que los ocupa con sus emisiones de gases de efecto invernadero.  La media mundial de emisiones de carbono per capita se sitúa en 1,4 toneladas anuales, con una gran asimetría en la distribución: mientras que un ciudadano medio estadounidense genera cerca de 6 toneladas/año de carbono o un europeo occidental medio cerca de 3 toneladas/año, un habitante de la India no alcanza las 0,5 toneladas. Es decir, el 25% de la población mundial, residentes en los países desarrollados, se han apropiado y continúan apropiándose unilateralmente de un servicio de la naturaleza al cual todos los seres humanos tienen igual derecho. Pero además a consecuencia del crecimiento económico intensivo en carbono experimentado por los países  del Norte, los países del Sur sufrirán catástrofes  que condicionan seriamente su capacidad de desarrollo, y sobre las que no tienen ninguna capacidad de control. En este punto resulta de interés plantearse si  el implementar lo acordado en Kyoto, sería suficiente para frenar el proceso de cambio climático.  La respuesta proveniente de los expertos del Panel Internacional sobre el Cambio Climático es desalentadora. 

Una distinta política contra el cambio climático estaría basada en la contracción de emisiones de aquellos países que, per capita, están por encima del promedio, yendo hacia una convergencia de emisiones per capita hasta el nivel que puedan ser absorbidas por los océanos, la nueva vegetación y los suelos, impidiendo el incremento de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera y haciendo retroceder esta concentración. Desde el Sur se preguntan ¿cuánto deben de pagar los países desarrollados por la  utilización que han hecho y continúan haciendo, totalmente gratis, de  sumideros de carbono tales como los océanos y la atmósfera? ¿A cuánto asciende esta “deuda ecológica” de cada europeo o norteamericano que nace? Si la reducción necesaria anual estimada ronda los 3.000 millones de toneladas de carbono (para no continuar incrementando el nivel de carbono en la atmósfera), y si el coste medio estimado de la reducción de esa enorme reducción fuera solamente de 20$USA por tonelada de carbono, ello redundaría en un flujo anual desde los países contaminadores hacia los países empobrecidos de 60.000 millones de dólares USA . Esa compensación debería ir a proyectos sociales y ambientales que beneficiaran a la población y que promovieran energías renovables. No se trata de comprar derechos de emisión sino de pagar una especie de multa por  uso excesivo de espacio ambiental ajeno. Si la multa es sustancial, eso incitaría a la reduccion de las emisiones.  La campaña internacional por el reconocimiento y el pago de la Deuda Ecológica contrapone la Deuda > Ecológica a la Deuda Externa, y se pregunta "Quién debe a quiën?".